domingo, 30 de diciembre de 2007

La Familia

Mi padre y mi madre tienen una prole abundante, cinco hijos -dos chicos y tres chicas-, de los cuales soy el menor -junto a una melliza-, y supongo que el modelo de familia en el que el crecido es formalmente de lo más nuclear y tradicional. Quizás no le doy toda la importancia debida al hecho de haber crecido en un ambiente familiar afectuoso, y de haber vivido una infancia y adolescencia en las que la atención mis necesidades y la preocupación de mi entorno por mis expectativas e inquietudes se combinaban con un margen de libertad y autonomía preciosísimo. De lo que sí estoy completamente seguro es de que esas condiciones que me han hecho la vida más fácil no tienen nada que ver con ese "modelo de familia", sino con la actitud sincera, responsable, honesta y sensata de mis padres, probablemente los primeros en ir dándose cuenta, al llevar las riendas de las vicisitudes y dificultades de "gestionar" a tanto crío, que la "familia nuclear es radioactiva", como gritamos en algunas manis.

Hoy, la Iglesia homófoba y cómplice de apologías de la pederastia, se manifiesta en Madrid "en defensa de la familia cristiana" como base de su orden social y moral. Y uno, a quienes sus padres enseñaron no tener nada en contra de los cristianos -¡si hasta tengo un tío jesuíta y una monja clarisa!-, se pregunta qué clase de educación habrán recibido en sus casas y en sus colegios -esos, por cierto, sustentados mayoritariamente con el dinero de todos/as- la panda manifestante de hoy, a quien por lo visto sí han enseñado a tener algo en contra de mí, por ejemplo, que soy maricón.

Cada vez me parece más lúcida y certera aquella proclama feminista de "Lo personal es político", y es que yo no puedo dejar de sentirme personalmente atacado por cada una de las barbaridades que abanderan. Y no es que quiera sentirme así. Es que, de verdad, su modelo de sociedad me agrede y excluye continuamente. Mientras que yo entiendo que una de las grandezas de los derechos es que sean universales, es decir, que puedan ejercerlos hasta quienes se opusieron u oponen a ellos, los "defensores de la familia cristiana" tienen una noción de derechos como privilegios, y por supuesto privilegios suyos, en una suerte de feudalismo moral que genera continuas exclusiones.

Por eso, hoy quiero mandarle un abrazo a mi familia: a mis padres, mi hermano, mis hermanas, mis sobrinas, a mi cuñada y mis cuñados, a mis amigos y amigas, que también son mi familia porque me da la gana (¿y qué?). Y quiero reivindicar la igualdad de mi entramado afectivo respecto al de cualquiera de los manifestantes de este Día del Señor...

...Y me uno a la Red por la Diversidad Familiar:
Los tiempos han cambiado y el modelo tradicional de familia convive hoy con otros tipos, como las familias monoparentales u homoparentales. Entendemos que esta diversidad
enriquece notablemente a nuestra sociedad y, con tristeza, vemos día tras día como algunos sectores conservadores y retrógrados, encabezados por las jerarquías eclesiásticas, intentan imponer un modelo excluyente de familia tradicional.


...Y pido solidaridad con la Infanta Elena y sus hijos Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, ¿o es que van a dejar de ser familia por la marcha de papá de casa? No hay derecho.

8 comentarios:

Maripuchi dijo...

Yo también me he unido. Y pido solidaridad también para con Froilán y Victoria Fede y también para los higos de la Pantoga y para los de Julio Iglesias... y para los de ....

Anónimo dijo...

Foro ecuménico de encuentro para cristian@s de cualquier orientación sexual, unid@s contra la homofobia:

http://groups.msn.com/cristianosgays

PAZ Y BIEN

Aynhat dijo...

como Atea roja oficiante del acogimiento civil(o bautismo laico en palabras de la derecha que no nuestras) de la sobrina del autor de este post, además de amiga de su familia hago constar que aunque no serían aceptados por la iglesia católica ni a tomar el té en el salón del servicio, son una familia maravillosa, como la mía vamos. Feliz año a los garcía-corrales y a las larriera y demás añadidos.

insecto dijo...

Feliz año, Curro. No podría estar más de acuerdo contigo. Además, casualidades de la vida, hoy he escrito algo en la misma sintonía que tu post.
Un beso fuerte y a ver si tiene pronto lugar esa cena que llevamos tanto tiempo prometiéndonos :)

Hilario Ideas dijo...

La reivindicación del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, o la defensa de que a los niños adoptados no se les prive de la figura paterna o materna, o la defensa de la vida humana desde la concepción, o de la libertad de los padres para educar a sus hijos, son todas ellas reivindicaciones plenamente constitucionales. Lo que está por ver es si también lo son las, en cualquier caso, criticables políticas con las que el Gobierno de Zapatero ha conculcado todos estos principios y valores.
A la Iglesia Católica le asiste el derecho a criticar esa política, tanto como a cualquier partido político o cualquier otra organización de la sociedad civil que considere que, en el ámbito de protección a la familia y en el del respeto a la libertad individual.
La obsesión por la Iglesia católica no es propia de no creyentes, sino de beligerantes en el terreno de las creencias. Selectivos, eso sí. Hostigan a las que no se orientan de acuerdo a su conveniencia, mientras que, como buenos laicistas de pacotilla, piden respeto para los islamistas que imponen la teocracia, vulneran los derechos humanos y no dan carta de ciudadanía a las mujeres. Con los ayatolás, alianza de civilizaciones y con los católicos, a muerte. La descomposición ideológica del socialismo español ha conducido a un desentierro de señas de identidad caducas. El anticatolicismo hace resonar viejos odios y rencores, concentra resentimientos y satisface a los gurús de la secta.
Recordemos que la verdadera democracia consiste en que cada cual pueda poner en público sus ideas, proponer proyectos o protestar contra cualquier ley que considere injusta. Una, diez, veinte veces; las que sean siempre que cumpla la ley. Una sociedad democrática se garantiza por eso; múltiples creencias e ideas se dan cita en la plaza pública, se manifiestan y se discuten. Evidente, ¿verdad?
Pues no. Digámoslo claro: lo que proponen algunos iluminados es una involución democrática consistente en eliminar cualquier tipo de fuente moral de la sociedad española que no sea la suya propia. El empeño por arrinconar al cristianismo nada tiene que ver con la sana separación Iglesia-Estado de un régimen democrático. De lo que se trata es de eliminar cualquier fuente de principios morales alternativa a la progresista; borrar de la faz de la tierra cualquier oposición cultural o moral, política o ética ajena a la que ellos proponen a los españoles. ¿Por qué sólo Zapatero, Llamazares, Zerolo o Bono pueden manifestarse para decir qué está bien o mal, qué es justo o injusto? ¿Quién se creerán que son para decir qué se puede proponer en la vida pública y qué no es "democrático"? ¿qué entenderán los ungidos por "democracia?
Todos somos "libres e iguales ante la Ley" cualquier persona se puede manifestar "cuando quiera y cómo quiera" siempre que sea de manera pacífica

Ciertos iluminados están embarcado en un proyecto para crear españoles nuevos, a su imagen y semejanza. Para ello buscan eliminar cualquier fuente de legitimidad moral o cultural que no pueda controlar y que se le oponga. Es decir, acabar con el pluralismo religioso para instaurar una monocreencia civil y socialista. Pero cuando el Estado se dedica a decir a los ciudadanos qué pueden decir y qué no, entonces dejamos de hablar de democracia para hablar de otra cosa.
hilarioideas@hotmail.com

Anónimo dijo...

Amigo Hilario. A ver si es que el personal no se explica bien. No se trata de eliminar cualquier fuente de legitimidad moral o cultural distinta a la de la progresía, no. Se trata de situar en pie de igualdad ante la ley las distintas opciones morales y culturales que la gente tenga dentro de un marco normativo de respeto a una serie de preceptos legales, esos si, incuestionables. Es decir, no se trata de cambiar tu concepto moral o ético sobre que un niño tenga padre y madre o el papel que tu visión otorga a ambas figuras. No se trata de modificar tu concepto de familia. Se trata de que quien tenga otro, lo pueda desarrollar, que quien sienta su vida, su sexualidad, sus formas de relacionarse distintas, no se vea penalizado apriorísticamente por la sociedad.
Vosotros,bajo en discurso de respeto a lo vuestro quereis colar un integrismo claro. Vuestra forma de vida no es LA forma de vida. Eso ya está instalado en la sociedad, y lo asumís porque no os queda otro remedio en estos tiempos; cuando se traduce a la ley, montais en cólera. Nadie os quita de manifestaros, pero no podeis impedir que muchos pensemos que sois homófobos y retrógrados.
Y el rollito del relativismo moral para otro. La ley tiene fundamentaciones morales y éticas primeras, faltaría mas. Pero muy muy amplio. Determina un gran campo de juego, pero dentro de él con dosis grandes de libertad para que cada uno decida que deporte practica, sin dar balonazos a otro. Y no es qeu no lo entendais, es qeu no quereis entenderlo.
El integrismo también se puede vestir de corbatas color pastel y llamarlo sentido común...
P.D.: mil perdones al blogger por meter esta chapa. Estaba viendo blogs y he leido éste y esto.

Augusta II dijo...

Feliz 2008. Que en este año y los miles que te quedan mariconees mucho y libre, sin que te toquen los güitos quien tú no quieras.

Te quiero, hermano.

Hilario Ideas dijo...

Hay dos cuestiones polémicas. Una se refiere a la equiparación de las llamadas uniones de hecho con la familia heterosexual. Ningún agravio se produce a las familias, ni se las minusvalora en ningún sentido por tal equiparación. Las carencias de la política familiar no se producen por esa equiparación, frente a la que hasta el momento no he escuchado ni leído, ningún argumento razonable, más allá del prejuicio. Esas carencias, insuficiencias, han sido llevadas a cabo por políticos heterosexuales. La idea de que dos personas homosexuales decidan compartir su vida entra dentro de la lógica, y el deseo de que cada uno de ellos de que eso produzca efectos jurídicos es consecuente y respetable. Tampoco es preciso que ambas uniones reciban el mismo nombre, si de eso se trata. Pero porque mis vecinas sean lesbianas no provocan ninguna minusvaloración de mi coyunda heterosexual.

La salvedad esencial se refiere a la adopción. Ésta no es un derecho de las personas. No existe un derecho a tener hijos, pues ello es, en todo caso, una posibilidad que exige responsabilidad. El derecho se encuentra en el niño. Es muy posible que resulte razonable que la adopción se produzca en el seno de matrimonios heterosexuales, porque la maduración de la personalidad precisa de la existencia de roles diferenciados. A eso parece inducir la experiencia. Sin ser especialista en nada, percibo en muchos de los gays que conozco una relación muy intensa con su madre. Es decir, es posible que incluso los gays necesiten un padre y una madre. El hijo adoptado por una unión de hecho sería una excepción, lo que podría generarle problemas de integración, pero eso también podría sugerir una intolerancia subliminal. Puede ser injusto que un niño quede sin ser adoptado habiendo parejas homosexuales dispuestas a la adopción.

Uno de los más claros principios liberales es la defensa de la igualdad de todos ante la ley y del respeto a la libre opción de las personas. Existe el principio de la no discriminación por razones de sexo. La no discriminación por ninguna razón, ni positiva, ni negativa.

Tampoco me parece ni necesario ni imprescindible estar todo el día saliendo del armario, definiéndose la gente como homosexual o heterosexual, porque ello pertenece a la privacidad, pero puede entenderse, incluso en un sentido positivo, porque durante siglos e incluso milenios la homosexualidad ha sido sañudamente perseguida.

El asunto del matrimonio homosexual es uno de los muchos signos de la torpeza del razonamiento de nuestros días. Siglos de leyes, políticas y tradiciones han crecido alrededor del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Ahora se demanda que todas esas leyes, políticas y tradiciones simplemente se transfieran automáticamente y en masa a una unión completamente distinta que ha decidido escoger la misma palabra para definirse.

Los homosexuales pisaban tierra firme cuando argumentaban que lo que sucedía entre adultos libres de elegir no es asunto de nadie más. Ahora quieren convertirlo en asunto de todo el resto del mundo requiriendo a otros la aprobación de sus uniones y un tratamiento similar al que dispensan a cualquier otra unión, tanto legalmente como en la práctica social.


El decidir considerarse a sí mismos como una pareja casada es algo completamente distinto de decir que todo un elaborado cuerpo de leyes, políticas y tradiciones - que evolucionaron a partir de las experiencias de innumerables generaciones de uniones entre hombres y mujeres - debe automáticamente aplicarse a sus muy distintas circunstacias. Puedes decidir llamarte como desees, por ejemplo "Reina de Saba", pero eso no te da derecho a obligar a los demás a llamarte Reina de Saba.

El tema del matrimonio homosexual es uno de tantos ejemplos de la táctica victimista, esa que proclama: "Soy una víctima. Por tanto, si no me das todo lo que te pido y me permites pisarte como un felpudo, se demuestra que eres una persona malvada y llena de odio." A pesar de su falta de lógica, es indudable que se trata de una táctica de gran éxito político.


En el debate relativo al status legal de las parejas homosexuales unos invocan al Estado para salvaguardar la definición tradicional de matrimonio y otros para enmendarla. Ambos recurren al leviatán burocrático para imponer a la sociedad entera su concepción moral particular. Tan imbuidos están de estatismo que no aciertan a imaginar un escenario en el que las cuestiones morales se diriman sin apelar a la coerción pública, un escenario en el que puedan coexistir pacíficamente los proyectos vitales más dispares sin que haya que implorar el beneplácito gubernamental.

La discusión se halla pervertida desde un comienzo, pues fija su atención en los primeros árboles sin advertir el bosque que detrás se extiende. No se aborda la raíz del problema, a saber, la intervención del Estado.

En la actualidad la formalización del matrimonio conlleva una sanción moral pública. Lo ilustra el propio ritual laico que patrocina la administración y el conjunto de textos legales y políticas que vienen a legitimar las uniones socialmente. Cabe plantearse entonces el siguiente interrogante: ¿es legítimo que el Estado sancione determinadas concepciones morales, sean cuales sean? La moral es un asunto subjetivo que compete a cada persona en particular. La función de la ley no es purificar las almas, sino proteger al individuo y su hacienda de la agresión ajena. A la justicia le incumbe la violación de derechos, no el que los hombres sean humildes u orgullosos, serenos o exaltados, trabajadores u holgazanes, egoístas o altruistas, religiosos, agnósticos o ateos. La virtud no puede imponerse por decreto, por un lado porque la gente tiene ideas distintas acerca de lo que es moralmente correcto y por otro lado porque la moral se vacía de significado si no hay libertad para elegir lo inmoral.

Si bien podemos demandar que los otros individuos no interfieran en nuestras acciones, no podemos forzarles a que las suscriban. Lo que hay que demandar del Estado en esta materia no es, por tanto, su gentil aquiescencia, sino su indiferencia más absoluta. Nadie puede violentar a un individuo por el hecho de ser casto o mujeriego, pero éste no puede obligar a los demás a que aprueben su conducta. Luego no constituye derecho alguno recibir el asenso público en cuestiones de tipo moral. Por ello la sanción del matrimonio, siendo como es un asunto moral (de primer orden para muchos, además), debe desvincularse totalmente del Estado; la institución del matrimonio debe ser privatizada por completo. Todos aquellos que quisieran formalizar su relación podrían establecer compromisos, acuerdos, y hacerlo público del modo que apetecieran. Los detalles acerca del reparto de bienes, herencias... podrían ser fijados mediante arreglos contractuales. Instituciones religiosas y laicas podrían sancionar moralmente las uniones que se ajustasen a sus criterios. En este escenario toda unión estaría permitida, lo mismo que toda sanción moral y discriminación por parte de particulares, colectivos y organizaciones privadas. Cada cual podría emparejarse con quien y cuantos deseara conforme a los términos que decidieran estipular entre ellos y nadie estaría obligado a suscribir moralmente tal conducta o a considerar dicha unión un matrimonio.

La opinión social-conservadora acierta cuando clama que el Estado no debe sancionar el matrimonio homosexual por cuanto supone imponer su legitimidad moral a la sociedad entera, la mayor parte de la cual no considera equiparable la unión homosexual con la heterosexual y un segmento de la misma incluso juzga abiertamente pecaminosas las relaciones del primer tipo. Los social-conservadores también advierten con sensatez que la nacionalización del matrimonio gay puede abrir las puertas a la futura sanción pública de las uniones poligámicas, incestuosas... Asumiendo que se trata de relaciones consentidas entre adultos (perfectamente legítimas, pues), aquellos que practicasen la poligamia, por ejemplo, podrían alegar un trato discriminatorio por parte del Estado: ¿por qué las parejas homosexuales reciben el favor público y no así las uniones poligámicas? A diferencia de los primeros, éstas sí pueden tener descendencia, y al igual que los gays los poligámicos también pueden sentir afecto y amor por los demás miembros del grupo. ¿Qué tiene el número dos que lo hace tan especial? Los defensores de la institucionalización del matrimonio homosexual dudosamente podrán ofrecer argumentos que no sirvan al mismo tiempo para reivindicar la sanción pública de la poligamia y otro tipo de relaciones.

Pero esto es sólo una parte del cuadro, la contemplada por los social-conservadores, que tristemente se detienen antes de llegar a las consecuencias últimas de su propio razonamiento: si el Estado no debe sancionar las uniones homosexuales porque de este modo se estaría imponiendo a la sociedad una concepción moral determinada, ¿exactamente por qué motivo sí debe sancionar entonces las uniones heterosexuales? Aquí los partidarios de preservar la institución pública del matrimonio heterosexual, como en el caso de los defensores de la nacionalización del matrimonio homosexual, no van a poder ofrecer argumentos que no sean también aplicables a otro tipo de relaciones. Si el fundamento del matrimonio heterosexual es el amor, ¿acaso éste sólo puede darse entre un hombre y una mujer? Por otro lado, ¿acaso se aman todos los matrimonios heterosexuales? Si el fundamento es la procreación, ¿por qué es lícito que se casen las parejas estériles o aquellas que simplemente no desean tener hijos? Si el fundamento es la tradición, ¿acaso no fueron tradicionales en el pasado los matrimonios concertados, las uniones con menores, el castigo del adulterio, la condena de las relaciones interraciales, la prohibición del divorcio...? La poligamia también era tradicional entre los mormones norteamericanos y sigue siéndolo hoy en algunas culturas. Si la pretensión es que el Estado no promueva los valores morales de determinados colectivos (minoritarios o mayoritarios), cabe oponerse a la nacionalización del matrimonio gay y al mismo tiempo abogar por la privatización del matrimonio heterosexual. Si un sector económico específico obtiene subsidios públicos, ¿debiéramos, en nombre de la no-discriminación, reivindicar el cese de estas ayudas o su generalización? Lo primero, evidentemente, pues el Estado no es neutral cuando otorga a todas las industrias idénticas subvenciones, sino cuando no se las concede a ninguna. Análogamente, lo que hay exigir es que el Estado se abstenga de sancionar el matrimonio heterosexual, no que sancione de forma idéntica también otro tipo de uniones.

La definición clásica de matrimonio (unión entre un hombre y una mujer) debe ser protegida, dicen algunos, y qué mejor custodio que la Administración. En primer lugar resulta cuando menos paradójico que tantos devotos cristianos confíen el resguardo del sagrado matrimonio a la institución que quizás más ha fustigado a la familia tradicional. Asimismo, asignar al ente público la protección del matrimonio heterosexual es tanto como concederle el poder para definirlo a su antojo. Si la Iglesia no desea que el Estado imponga aquellas concepciones morales que desaprueba, ¿por qué no aspira a despojarle de la potestad sancionadora que se ha arrogado desde un principio? Al fin y al cabo, para muchos cristianos la idea del matrimonio emana de la voluntad de Dios, ¿por qué entregar entonces al César algo que no le pertenece? En segundo lugar, es absurdo recurrir al Estado para proteger la definición del matrimonio clásico. ¿Desde cuándo las "definiciones" necesitan ser protegidas? ¿Acaso la definición de cristianismo, por ejemplo, requiere el amparo de la administración pública? Si alguien se empeña en llamar cristiano a un individuo que los demás tienen por hereje, ¿hay que acudir al parlamento para que promulgue nuevas leyes? ¿Concierne al gobierno el que los ciudadanos atribuyan significados distintos a las mismas palabras? La Iglesia puede sancionar los matrimonios heterosexuales y no reconocer el resto de uniones. Una fracción de la sociedad puede considerar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer sin que nada ni nadie le haga cambiar de parecer.

Los social-progresistas, por su parte, aspiran sobre todo a la legitimación moral de la parejas gays, que resultaría del hecho de recibir éstas el mismo trato a efectos legales que las uniones heterosexuales, siendo más bien secundario el contenido de las disposiciones en sí. Es decir, por encima de determinadas ventajas fiscales, por ejemplo, asociadas al matrimonio, lo que a menudo se pretende es la equiparación legal plena con las parejas heterosexuales de tal suerte que las uniones gays conquisten el mismo status social, una renovada legitimidad moral. Se demanda la sanción del Estado para normalizar las uniones homosexuales a ojos de la sociedad, obviando que los individuos tienen derecho a discriminar en lo que atañe a su persona y sus propiedades. Aquél que en sus fiestas sólo invita a hombres, aquél que en su casa sólo deja entrar a los que comparten su ideología, aquél que no contrata a musulmanes, aquél que no quiere tener amigos de raza blanca... todos poseen absoluto derecho a actuar de este modo. También aquellos que reprueban el matrimonio homosexual están en su derecho, y nadie puede servirse de la coerción para inculcarles otros valores. Se puede moralizar, claro está, pero pacíficamente, motivo por el cuál el Estado, con sus decretos de obligado cumplimiento, no es apto para semejante labor. Además, no pocas veces las prédicas del gobierno producen efectos adversos, o simplemente resultan inútiles.

¿Es lícito forzar a los ateos a subvencionar las iglesias? ¿Es lícito que unos burócratas obliguen a un niño a aprender un idioma determinado en contra de la voluntad de sus padres? ¿Es lícito que nos prescriban a quiénes podemos invitar a nuestras propiedades y cuán serviciales debemos mostrarnos? Ninguna parcela está a salvo del afán regulador de los burócratas. El Estado paternalista y despótico se robustece conforme la sociedad interioriza la ficción de que la libertad es votar en unos comicios y de que la democracia es un benigno modelo de organización social. La independencia y la responsabilidad individual ceden entonces en favor de la usurpación y la moralización democrática.


La solución liberal no es nacionalizar el matrimonio homosexual; es privatizar el matrimonio heterosexual.
Los liberales estamos en contra de la imposición de valores morales por parte del Estado. Los individuos son libres de mantener relaciones heterosexuales, homosexuales, poligámicas... de acuerdo con sus preferencias y criterios particulares. Si es preciso introducir algún cambio en la regulación debe hacerse con extrema cautela y atendiendo a la función que desempeña el matrimonio como fundamento de la familia
¿Porqué piensas que soy un ultraconservador católico sólo por disentir de tus ideas radicales fruto de tantos años de machacante ideología de izquierdas? Para tu conocimiento te informo que no voy a misa, uso preservativos, mi padre votaba al PSOE y seguramente me divorciaría ahora mismo si mi cónyuge pensara que en Corea del Norte y en Cuba hay democracia. El discurso anticatólico siempre ha dado buenos resultados para los manipuladores de mentes desde la revolución francesa. Dicho discurso más bien lo llamaría dialéctica demagógica de analfabetos implantada siempre en regímenes totalitarios (Nacionalsocialismo de Hitler, Comunismo de Stalin, de Pol Pot y otros indeseables del siglo XX) coincidentes todos con el desprecio a la vida y la libertad.
La obsesión por la Iglesia católica no es propia de no creyentes, sino de beligerantes en el terreno de las creencias. Selectivos, eso sí. Hostigan a las que no se orientan de acuerdo a su conveniencia, mientras que, como buenos laicistas de pacotilla, piden respeto para los islamistas que imponen la teocracia, vulneran los derechos humanos y no dan carta de ciudadanía a las mujeres. Con los ayatolás, alianza de civilizaciones y con los católicos, a muerte. La descomposición ideológica del socialismo español ha conducido a un desentierro de señas de identidad caducas. El anticatolicismo hace resonar viejos odios y rencores, concentra resentimientos y satisface a los gurús de la secta.


La Iglesia ni debe instituirse en Estado ni debe mezclarse con los órganos políticos porque no resulta legítimo utilizar la fuerza para imponer una determinada fe o moral. La verdad sólo puede prevalecer a través de la persuasión, nunca mediante la coacción.

Ahora bien, esta necesaria separación entre la fe y la violencia no significa que la Iglesia debe quedar anestesiada ante cualquier fenómeno político o social. Como institución privada, la Iglesia tiene pleno derecho a combatir y denunciar todas aquellas manifestaciones que considere incorrectas u ofensivas para la sociedad o para el pueblo de Dios. ¡Y si no quieren usar preservativos pues muy bien, que no lo usen! Nadie te debe obligar a ponérte o quitárte un condón con una hoz, martillo o sotana.


De hecho existen muchos laicos que creen la necesidad de que la Iglesia se vuelva más beligerante con los poderes políticos porque los católicos deben enfrentarse contra un Estado que sólo pretende absorberlos y reducirlos a su más mínima expresión, contra un Estado cuyo objetivo último siempre ha sido matar a Dios y ocupar su lugar. Ahora le toca a la Iglesia Católica ¿y mañana?: ¿A quién querrán eliminar?


hilarioideas@hotmail.com